Abunda la confusión y escasean
las precisiones cuando se discuten los números fiscales. Incluso en algunos ámbitos se insiste con la idea de que la política
monetaria es contractiva y la fiscal es expansiva. No obstante, el déficit primario
del primer semestre anualizado muestra una reducción cercana a 0.5% del PBI. Pero,
más aún, el sesgo contractivo de la
política fiscal sobre la economía real este año es todavía mayor y cercano a
1.5% del PBI, en tanto una parte del gasto corriente está cancelando deudas
flotantes cercanas a 1.0% del PBI, correspondientes mayormente a obras de
infraestructura que se ejecutaron y tuvieron efectos positivos sobre la
actividad económica a lo largo del año pasado, pero que recién ahora se están pagando
con recursos corrientes.
Es decir, el déficit primario del primer semestre al ser anualizado muestra una
reducción cercana a 0.5% del PBI en base caja y a 1.5% en base devengado. Esta
mejora en el resultado primario se apoya sobre todo en el congelamiento de la
obra pública, en tanto las medidas tomadas para reducir el déficit (suba de
tarifas) fueron compensadas por mejoras en las prestaciones sociales (subas en
asignación familiar y universal y devolución de IVA), bajas de impuestos (suba
de mínimo no imponible en IIGG y eliminación de retenciones mineras y
agrícolas) y devolución de impuestos a provincias. Cabe esperar que el pago de las
jubilaciones retroactivas sea cubierto por los ingresos derivados de la penalidad
por entrar al blanqueo de capitales (ambos son efectos de "única
vez").
Sin embargo, es muy probable que en el segundo semestre la obra pública comience a
repuntar, con lo cual cabe esperar que en los próximos meses se desvanezca
esa reducción de 0.5% del PBI del déficit primario en el base caja. En tal
caso, el déficit primario base caja este
año ascendería a 4.0% del PBI y sería igual al de 2015, pero en términos
devengados también se ubicaría en 4.0% (al no acumularse deudas flotantes),
sobre cumpliendo la meta oficial de 4.8%
para este año y por debajo del 5.0% de 2015 (estas cifras consideran el
nuevo PBI del INDEC).
Quienes insisten con la idea de que la política fiscal es expansiva
seguramente están mirando a más largo plazo y descontando el efecto que la
nueva ley jubilatoria tendrá sobre el gasto en forma permanente. Se estima
un costo fiscal neto de 1.0% del PBI a partir de 2017.
No obstante, el año próximo el gasto primario dejará de cancelar deudas flotantes por
1.0% del PBI. Si bien cabe esperar que una parte importante de ese gasto no
sea recortado sino reasignado para impulsar los proyectos de infraestructura en
carpeta, es un factor que también debe
tenerse en cuenta al evaluarse la dinámica fiscal de mediano plazo y el efecto
que esa reasignación puede tener sobre la actividad económica y los ingresos
fiscales a partir del año próximo.
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