A pesar de la baja
popularidad del gobierno de Temer, y de la fragilidad política de las alianzas
que le dan sustento, en el último año Brasil ha avanzado con muchas reformas
pro mercado, como topes al gasto público y una mayor flexibilización
laboral, mientras actualmente se discuten una reforma previsional y un paquete
de privatizaciones.
La crisis política
que atraviesa Brasil no sólo no afectó materialmente la lenta recuperación
económica sino que actuó como catalizador para acelerar y concretar importantes
reformas estructurales. En efecto,
el sistema político brasileño se ha mostrado hasta ahora bastante permeable a
las iniciativas de Temer, en tanto a toda costa quiere evitar una elección
presidencial anticipada e impredecible. Mientras tanto, la actividad
económica e industrial y la confianza se recuperan, la inflación disminuye y,
al ubicarse dentro de la meta, permite relajar la política monetaria.
Las reformas en
Brasil son una muy buena noticia para Argentina, aunque también le ponen
presión a la agenda local de cambios. Ayudan a mejorar
las perspectivas económicas de Brasil y a revivir el apetito de los inversores
por sus activos financieros, lo que es positivo para Argentina, en el plano
real como financiero. No obstante, también representan una amenaza a la
competitividad argentina y hacen más urgente avanzar con la agenda local de
reformas.
La lista de
reformas aprobadas o actualmente bajo discusión:
·
Límites al gasto
público (aprobada en diciembre): el aumento anual del gasto público quedó
limitado en los próximos 20 años a la tasa de inflación del ejercicio anterior.
Este tope al gasto era indispensable para asegurar la sostenibilidad fiscal de largo
plazo.
·
Reforma laboral
(aprobada en julio): se modificó la legislación laboral en más de
cien puntos. Se destaca la prevalencia de las negociaciones y acuerdos privados
entre empresas y trabajadores por sobre la ley, limitando el poder de los
tribunales y de los acuerdos colectivos. Se pusieron condiciones más estrictas
para los litigios laborales, se facilitaron los contratos por tiempo
determinado y la tercerización y se relajaron las condiciones para despedir e
indemnizar. A su vez, la contribución sindical, equivalente a un día de salario
al año, pasó a ser voluntaria, mientras que las empresas desde ahora pueden
negociar con una comisión no sindical de representantes de los trabajadores.
·
Reforma
previsional (en trámite parlamentario): la propuesta está
a la espera de un mayor consenso político y es fundamental para que el gobierno
pueda cumplir a mediano plazo con el tope constitucional al gasto. Involucra
subir la edad jubilatoria de 62 a 65 años, un mínimo de 25 años de aportes y la
prohibición de acumular otra prestación social, como una pensión, entre otros
puntos.
·
Redefinición del
BNDES (en trámite parlamentario): el gobierno pretende que el financiamiento
para infraestructura que otorga el BNDES tome como referencia a la curva de
tasas de la tesorería, en tanto hasta ahora el tesoro brasileño se hacía cargo
de subsidiar cualquier diferencia.
·
Paquete de
privatizaciones y concesiones (recién anunciado): es un plan para
privatizar 58 activos públicos (empresas eléctricas, aeropuertos, puertos y
autopistas) y crear concesiones mineras y petroleras buscando obtener recursos
fiscales por US$ 14 mil millones. Apunta a mejorar la delicada posición fiscal
de Brasil. La meta fiscal para este año es de un déficit primario de 2.1% del
PBI, pero es probable que no la cumplan a pesar de haberla relajado meses atrás
y de un reciente aumento del impuesto a los combustibles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario