¿Por qué es importante modificar la Ley de Movilidad Jubilatoria?

El déficit del sistema previsional actualmente ronda el 2.5% del PBI. Es decir, representa gran parte del déficit fiscal. Sin mediar cambios ni reformas, el déficit previsional en los próximos años tenderá a crecer, presionando sobre el resto de las cuentas fiscales.

Son varias las razones. En primer lugar, ANSES le seguirá devolviendo lentamente una parte de sus ingresos a las provincias. Además, la cantidad de jubilados seguirá creciendo más rápido que la población en condiciones de trabajar. Por último, y especialmente, las jubilaciones seguirán creciendo en términos reales, de la mano del aún en marcha Programa de Reparación Histórica y del crecimiento económico.

Detrás de este último punto, se encuentra la Ley de Movilidad Jubilatoria y que estipula que todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ajusten sus beneficios a partir de un promedio entre: 1) las variaciones en los recursos tributarios del SIPA y 2) la mayor variación que arrojen dos índices de salarios (salarios generales del INDEC o el RIPTE de los aportantes al SIPA). Tanto 1) como 2) suelen crecer unos puntos por encima de la inflación, sobre todo cuando los salarios reales y el empleo crecen.

Los haberes jubilatorios en otros países del mundo se ajustan según la inflación. Aquí se recayó en esta excentricidad porque cuando se promulgó la Ley, a fines de 2008, el IPC oficial ya estaba siendo manipulado y arrojaba variaciones muy inferiores a la inflación verdadera. 

La actual Ley de Movilidad Jubilatoria es una fuente de presión sobre las cuentas fiscales y las necesidades de financiamiento. El costo fiscal de esta fórmula de ajuste es cercano a 0.2% del PBI este año, en tanto las jubilaciones por la Ley de Movilidad crecerán cerca del 29% anual en promedio en 2017 (frente a una inflación promedio de 26%). Mientras no se cambie la fórmula, el nuevo ajuste se hará sobre una base que ya incluye ese costo, con lo cual su tamaño irá creciendo en el tiempo.

Esta discusión se da en el contexto de un sistema previsional que tiene un déficit estructural. Los aportes y contribuciones (6% del PBI) están lejos de poder financiar las jubilaciones y pensiones (9% del PBI) en Argentina. Si bien ANSES además recibe una parte de los impuestos nacionales, también debe ocuparse de la asistencia social, mediante asignaciones familiares, universales por hijo, pensiones no contributivas, etc. Con todo, ANSES este año tendrá un déficit cercano a 2.5% del PBI, que es cubierto con aportes del Tesoro. El déficit primario del Gobierno Nacional, cercano a 4.0% del PBI este año, es entonces en gran medida el déficit del sistema previsional.  

El déficit estructural del sistema previsional argentino obedece a múltiples factores, aunque varios se resumen en el ratio de cobertura de trabajadores o asalariados aportantes al sistema (9.4 millones) en relación a los jubilados y pensionados o beneficiarios del sistema (6.7 millones). Esta relación es de 1.4 y sustancialmente inferior a otros países. En EEUU, por ejemplo, es cercana a 3.0, mientras que en Brasil, que ya está discutiendo su reforma previsional, es de 1.8.

Para que el sistema previsional argentino pueda estar más o menos equilibrado, esta relación debería ser al menos cercana a 2.0, lo que implicaría incluir a unos 4 millones de trabajadores como aportantes al sistema. Para dimensionar la magnitud del desafío, esto equivaldría a eliminar toda la informalidad laboral de un plumazo.